Como convertir la firma electronica en un instrumento inútil
Una de las consecuencias más valiosas de un buen desarrollo de la Sociedad de la Información debería ser una mayor productividad en nuestras actividades personales y por supuesto en nuestro trabajo dentro de nuestras organizaciones.
Tanto los ciudadanos como las empresas realizamos multitud de trámites con los poderes públicos, ya sean locales, autonómicos o estatales, en el cumplimiento de nuestras múltiples obligaciones. Por ello, el soporte telemático a todos estos procedimientos, es decir la administración electrónica o e-administración, parece un buen punto sobre el que invertir para conseguir un gran impacto mejorando la competitividad colectiva. La firma electrónica es una herramienta fundamental para la mejora de la seguridad de la información y la generación de confianza en las comunicaciones telemáticas, dado que permite efectuar una comprobación de la identidad del origen y de la integridad de la información intercambiada en estas operaciones.
Obtener esta firma es un proceso relativamente sencillo para todos los ciudadanos españoles ya que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como entidad certificadora se encargada de emitir certificados de usuario de forma gratuita a través del proyecto CERES. Además en España existen un buen número de prestadores de servicios de certificación que van desde organizaciones profesionales, empresas privadas o administraciones públicas de distinto rango que prestan este servicio a sus respectivos colectivos con distintas condiciones y costes. Esto sería estupendo si en la mayor parte de los casos estas autoridades de certificación no se hubiesen constituido en islas que no interoperan entre sí. Nos encontramos con que la aceptación de unas u otras firmas electrónicas es completamente arbitraria en las aplicaciones que reconocen la identidad electrónica certificada por otros.
Esto hace que se den situaciones como que para hacer un trámite con la Diputación de Alicante, no sea válida una firma emitida por la FNMT y que para presentar la declaración de la renta la Agencia Tributaria no acepte la firma que el mismo usuario se ha tenido que sacar ante la Generalitat Valenciana para hacer el trámite anterior. Es decir, si vivo en una localidad de la provincia de Alicante necesito al menos dos firmas electrónicas para hacer trámites básicos. ¿Cuántas necesitaré en total si realmente quiero ser un ciudadano digital? No parece una forma razonable de generar confianza y mucho menos de mejorar la competividad.
Si la desconfianza sobre las transacciones electrónicas se presenta habitualmente como el principal escollo hoy en día para el despegue de la Sociedad de la Información parece obvio que no sirve de mucho tener sistemas de firma electrónica aislados e incompatibles que nos obliguen a tener una firma diferente para cada operación que tenemos que realizar. La interoperabilidad es principio tan fundamental para construir cualquier servicio en internet que no debería ser necesario repetirlo tantas veces en Open Economy, mucho menos si hablamos de servicios prestados por organismos públicos.
Y por supuesto .... Feliz fiestas a todos!!!! con los mejores deseos de Open Economy para 2009.